Por: @Eliott Valdez Montaño.
Las leyes electorales han sido siempre muy claras respecto a la prohibición que tienen los diversos funcionarios públicos a utilizar los recursos (económicos y humanos) a su cargo para apoyar a un candidato o partido político. Por supuesto que tienen la posibilidad de participar en eventos y actos partidistas, fuera de su horario de trabajo, pero no a intervenir en los procesos electorales.
¿Y por qué viene a colación esto? Porque la semana pasada comentábamos sobre la decisión tomada por Nancy Sánchez Arredondo al renunciar a ocupar la segunda posición en la fórmula de candidatos del PRI al Senado; y aunque hasta el momento no se ha dado una razón certera para haber tomado tal resolución, hay un punto que tal vez pudiera interpretar a que Sánchez no renunció, sino que ‘la renunciaron’:
El 31 de enero, 3 días antes de haber solicitado su registro como precandidata,publicó en su página en Facebook, que ‘a petición del presidente Enrique Peña Nieto y el precandidato José Antonio Meade’ aceptaba ocupar el segundo espacio en la fórmula priísta a la Cámara Alta, y que lo hacía con el objetivo principal de apoyar al precandidato presidencial y dar continuidad a las reformas que ha impulsado el Gobierno Federal.
El error que cometió Nancy es haber señalado que el Presidente de la República, un funcionario público, le pidió que aceptara la candidatura, lo cual se puede interpretar como una seria intervención del mandatario federal en el proceso interno de un partido político; porque en primera instancia, había otras dos mujeres que habían solicitado registro como precandidatas a la misma posición: Carmen López Segura y Lorena Mora de Aldrete, y que obviamente en ese tiempo, si se hubiera seguido el proceso tal y como marcaba la convocatoria, la Comisión de Postulaciones del PRI no tenía ninguna candidata definida.
No dudemos que, como ha ocurrido en anteriores ocasiones, las candidaturas del partido tricolor pasan por el filtro presidencial; no olvidemos que el Primer Mandatario tiene la figura honorífica de ‘jefe máximo del partido’ y claro que tiene, por lo menos conocimiento, mas no sabemos si poder de decisión sobre quiénes serán los candidatos del PRI.
Pero el hecho de atender la petición del presidente para que se asumiera una posición en una fórmula de candidatos al Senado es algo que si se hubiera quedado en privado, nada de lo que está ocurriendo en este momento hubiera pasado; pero’¦ al hacerse público se demuestra lo que la propia Nancy Sánchez ha denunciado durante mucho tiempo: la intervención del gobierno (en su caso, criticando al panista de BC) en el proceso electoral.
Quién iba a pensar que las mismas denuncias se voltearían en su contra al señalar que una autoridad como la del presidente Peña Nieto, que supuestamente debería ser imparcial, intervino en una decisión que en primera instancia le compete a un partido, y a su Comision de Procesos Internos.
