Por su parte el activista y defensor de derechos humanos, Víctor Clark Alfaro, criticó que la administración municipal se enfoque en un servicio que, a su juicio, tiene un claro enfoque recaudatorio sin ofrecer alternativas justas o accesibles.

Tijuana BC. — En una conferencia de prensa realizada por la Asociación “Vanguardia de Mujeres Libres, Marias Magdalenas”, un grupo de trabajadoras sexuales de la ciudad de Tijuana exigió la desaparición de los Servicios Médicos Municipales, argumentando que los costos de los estudios médicos obligatorios, que oscilan hasta los 400 dólares anuales, han escalado de manera insostenible, afectando gravemente su economía.

Las representantes de esta asociación, que aglutina a trabajadoras de la Zona Norte, explicaron que dichos estudios, que incluyen pruebas de salud sexual, han incrementado su precio en los últimos años, lo que consideran una carga excesiva.

Por su parte el activista y defensor de derechos humanos, Víctor Clark Alfaro, criticó que la administración municipal se enfoque en un servicio que, a su juicio, tiene un claro enfoque recaudatorio sin ofrecer alternativas justas o accesibles.

Respaldó las exigencias del grupo, señalando que esta medida afecta exclusivamente a las mujeres, mientras que los hombres no son sometidos a los mismos requisitos.

Clark Alfaro sugirió que, en lugar de imponer estas costosas revisiones, las autoridades deberían implementar campañas permanentes de concientización sobre la salud sexual, permitiendo que las trabajadoras puedan acudir a los médicos de su elección sin necesidad de pagar los altos costos actuales.

Además de los problemas económicos, las trabajadoras sexuales también denunciaron presuntas amenazas por parte de Julián Leyzaola, y de otros agentes, quienes, según las denunciantes, les habrían exigido retirarse de la denominada “zona de tolerancia” bajo amenazas.

En ese sentido el grupo de trabajadoras subrayó que muchos funcionarios y policías municipales son clientes habituales de los servicios que ofrecen, lo que, en su opinión, pone en duda la autoridad moral del gobierno local para exigir su desalojo.

En consecuencia, exigieron una respuesta pública de las autoridades para esclarecer las acciones en su contra y garantizar un trato digno y justo.