El primer caso se remonta al dictamen que emitieron con respecto a la ilegalidad cometida por el comité de licitaciones al revocar un fallo en favor de la empresa Grúas Peña, quien resultó ganadora de la concesión de Arrastre y Almacenamiento de Vehí­culos pero que por intereses oscuros de los integrantes del referido comité, en el que la Sindicatura es testigo fedatario, se le entregó a Grúas Salceda.

En este dictamen elaborado por los subalternos del Miguel íngel Vila, violentaron lo establecido en el reglamento municipal de la materia y no solo colaboraron activamente en la ilegalidad cometida, por el comité de licitaciones, sino que la fomentaron activamente con el beneplácito del Sindico.

La segunda muestra de apoyo institucional a los actos de corrupción, se registró durante el proceso de licitación para la compra de 15 patrullas para la dirección de la policí­a municipal, proceso que se llevó a través de un comité integrado por los ediles representantes de las fuerzas presentes en el Cabildo, los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Transparencia, el Oficial Mayor y la Sindicatura.

En este acto, entregaron el contrato a una empresa que les oferto el peor producto al costo más alto del mercado, rompiendo con ello el fundamento de la existencia de ese comité, adquirir para el gobierno los mejores productos a los precios más bajos,  lo que no sucedió en ese evento pese a los señalamientos que hicieron sobre el particular dos de los ediles ahí­ presentes, sin embargo, el representante de la Sindicatura avaló los intereses de quienes quisieron adquirir las patrullas sobrevaloradas en mas de un cuarto de millón  de pesos por unidad.

Y finalmente, en ésta cadena de fomento y protección de la Sindicatura hacia las irregularidades con visos de corrupción, emerge el dictamen sobre la denuncia en contra del director de la paramunicipal Prodeur, Héctor Fernández Muñoz, por parte del hermano del regidor de Movimiento Ciudadano, Mario Hernández Martí­nez, quien lo acuso de difamación y lo conmina en su querella a que presente las grabaciones en las que se escucha al consanguí­neo del edil, Ví­ctor Hernández Martí­nez, proponerle un negocio ilegal, que él aseguro tener.

En el documento entregado al quejoso por la Sindicatura Municipal, esa autoridad señala que ante la acción de reservarse su derecho a declarar por parte del acusado Héctor Fernández Muñoz, la dependencia decreta, que en vista que existen elementos constitutivos de responsabilidad por parte de Fernández Muñoz, se ordena archivar el asunto como totalmente concluido, y lo signa Miguel íngel Vila Ruiz, Sindico Procurador.

En este sendero de domesticación servil y de sometimiento por parte de la Sindicatura hacia asuntos en los que la corrupción son el común denominador, Miguel íngel Vila no ha tenido la capacidad de asimilar, analizar y comprender, que incurre en acciones de corrupción por su indolencia e inamovilidad que lo ha caracterizado desde que asumió el cargo, pero que el grupo de notables que siempre lo acompañan le festejan y aplauden.

La descarada protección por parte de la dependencia hacia los actores implicados en las acciones irregulares no pasa inadvertida, y ante la falta de talante y sin rubor alguno, con base en la normativa utilizada por la Suprema Corte de Justicia, Miguel íngel Vila Ruiz, ha institucionalizado la corrupción en el gobierno de Mirna Rincón Vargas.

Solo falta conocer que hará al respecto la alcaldesa, ya que una de sus consignas favoritas que siempre proclama, es la transparencia, claro, a menos que solo utilice la transparencia para informar a sus gobernados para su acervo cultural.

Pronto lo sabremos.Y mientras tanto….

Un mercenario de la polí­tica, traidor a los intereses de los ciudadanos llamado Alejandro Arregui, pretende ser candidato por su partido el PRI, al Senado de la República.