Con supuestos amparos que no han sido presentados ni avalados por las autoridades correspondientes, empresas como ‘Taxis Rojo y Negro’ invaden sin freno rutas como las de Colinas de la Presa.

Por Redacción.

Tijuana, 26 04 20187.- El conflicto por invasión de rutas es un tema que se le está saliendo de las manos a la actual administración del XXII Ayuntamiento que preside el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, apuntó el gerente general de Altisa Pedro Zamorano.

El empresario del transporte señaló que en reiteradas ocasiones se les ha exigido respeto por legalidad y mesura para tratar estos asuntos en franca cordialidad y no caer en provocaciones que generan violencia. Sin embargó, argumentó que actuar de esta manera solo ha conseguido que se le invadan rutas ya establecidas por gobiernos antecedieron al actual.

‘Los permisos de taxi deben de establecer un itinerario, para poder trabajar, además de que los taxis no funcionan como transporte masivo, en donde viene una concesión que marca cuantas unidades pueden trabajar en ella, no tienen por qué prestar un servicio en una zona donde no les corresponde’.

Por ello, Zamorano hizo un fuerte llamado a las autoridades correspondientes, en este caso la  Dirección de Vialidades y Transportes para que de una vez por todas frenen la invasión que están llevando a cabo el gremio de taxis Rojo con Negro en la Ruta de Colinas de la Presa, de donde dijo sospechar de ‘mano negra’ por parte del jurí­dico de dicha dependencia de gobierno.

‘Con un supuesto amparo que en ningún momento la autoridad nos ha presentado, pretenden circular por las rutas 5 y 10-Colinas, o Centro-Colinas. Esto es por demás arbitrario, ya que como tal, no existe ese itinerario porque si existiera nosotros  no tendrí­amos por qué objetar ni oponernos a que la trabajaran’.

‘La empresa Altisa ha puesto énfasis en darle una perspectiva diferente de lo que su empresa le representa al grueso de la sociedad. La decisión de darle cara de frente a un conflicto que pueda estallar en un problema, es una de sus prioridades,  ya establecidas, por ello, confí­a en que las autoridades sea la encargada de sancionar y restituir lo que por derecho le corresponde a cada empresa del transporte público.