Trabajadores exigen justicia ante pagos incompletos, despidos injustificados y hostigamiento. Señalan irregularidades graves en un proyecto a cargo de la SEDENA.

 Trabajadores de la construcción del viaducto elevado denunciaron esta mañana diversas irregularidades laborales, entre las que destacan el pago tardío e incompleto de aguinaldos, despidos injustificados y hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional. Las quejas, que habían sido discutidas internamente, tomaron fuerza con esta manifestación pública. 

Según los afectados, aproximadamente 50 trabajadores se encuentran en esta situación. Todos ellos han exigido el pago completo de su aguinaldo, una prestación que consideran no negociable. Sin embargo, afirman que, en lugar de recibir respuestas claras, enfrentaron el despido inmediato y sin justificación.

El proyecto del viaducto elevado está bajo la dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo que añade un componente crítico a las denuncias. Los trabajadores señalaron que, al tratarse de una dependencia gubernamental, la SEDENA debería garantizar el cumplimiento irrestricto de las leyes laborales y los derechos de los empleados. 

Además de los despidos y los pagos incompletos, los trabajadores denunciaron un clima de hostigamiento constante, atribuible a elementos de la Guardia Nacional presentes en el sitio. Según los testimonios, la presión ejercida iba desde intimidaciones sutiles hasta conductas más agresivas, lo que habría generado un ambiente laboral insostenible. 

Tras dar a conocer su situación en diversos medios de comunicación, el grupo de trabajadores se movilizó hacia las oficinas de Conciliación y Arbitraje, donde buscan formalizar sus quejas y obtener una solución. Su demanda principal es el cumplimiento íntegro de las obligaciones patronales y una indemnización justa por los daños sufridos. 

El caso pone bajo el reflector la situación de los trabajadores en proyectos estratégicos nacionales, cuestionando las condiciones laborales y la supervisión de los derechos básicos. Mientras las autoridades no emiten una postura oficial, los afectados esperan que su denuncia pública acelere una respuesta efectiva y transparente.