#DesdeMiSofá
Por: Obed Silva
La decisión del Gobernador Jaime Bonilla para entregar los organismos operadores del servicio público de agua y drenaje a los Gobiernos Municipales despertó la crítica de algunos grupos sociales e incluso el rechazo de la Gobernadora electa Marina del Pilar ívila Olmeda.
Entre los críticos está la delegación Mexicali de CANACINTRA quien en voz de su presidente Alberto Sánchez Torres rechazó la determinación del Gobernador afirmando que; “los industriales creemos que la municipalización de los organismos operadores de agua en estos momentos, trae consigo un trasfondo político, más que un cumplimiento a la ley o un compromiso de campañaâ€.
Otras voces han dicho al respecto que lo precipitado de la decisión traerá aparejado fuertes cargas administrativas y legales a los municipios y que en el fondo lo que hay es el oculto interés del Gobernador de “privatizar” el servicio.
En el mismo tenor, la hoy ex diputada Rosina del Villar Casas, consideró que en la transferencia de las comisiones del agua a los municipios, los Ayuntamientos no aprobaron vía sus Cabildos estar en condiciones de recibir los organismos del agua.
Lo que la ex diputada del Villar ignora es que en el caso de Tijuana existe un acuerdo vigente de Cabildo del XX Ayuntamiento mediante el cual se aprobó en el año 2013 solicitar al gobierno del Estado la transferencia de la Cespt al Municipio e incluso se aprobó la creación del organismo municipal del agua de Tijuana.
Lo cierto es que la transferencia de los organismos operadores del agua a los municipios llega con 20 años de retraso.
Lo anterior es así ya que desde el 13 de abril del 2001, fecha en que se homologó la Constitución Estatal con la Constitución Federal en materia de Gobierno Municipal, se estableció en el artículo 82 inciso B fracción I que los Municipios tendrán a su cargo el servicio público de “agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales”.
En la reforma constitucional que aprobó la citada atribución a los Municipios, se fijó en un transitorio el plazo para que el Gobierno del Estado entregará los organismos operadores del agua a los Gobiernos Municipales, lo cual no sucedió.
El referido mandato constitucional fue ignorado por tres Gobernadores panistas sin que a la fecha nadie haya reclamado la responsabilidad de los mismos por incumplir la orden de nuestra ley suprema.
Los gobiernos estatales panistas sostuvieron como argumento para negarse a cumplir con la Ley, que se haría “en el momento oportuno, siempre y cuando existan las condiciones financieras y también de abasto, para todos y cada uno de los municipios”.
Con tal argumento, pasaron dos décadas en las que los gobernadores panistas hicieron de las comisiones de servicios públicos su caja chica, por no decirlo de otra manera, como ya lo hemos constatado.
— NOMíS POR JODER —
El Pan y el Pes continúan con su disputa por ocupar el honroso lugar de primer perdedor.
