La Patrulla Espiritual y los abusos de la clínica JIREH: Un llamado urgente a la justicia y a la ética social

por Fernanda Cecilia

Publicado 17 enero, 2025

El último incidente, en el que miembros de la clínica JIREH golpearon a una persona en plena vía pública, subraya la gravedad de los abusos cometidos y exige una intervención inmediata de las autoridades para que se haga justicia y se frenen estos actos de violencia.

En Tijuana, un nuevo escándalo ha puesto en evidencia los oscuros procedimientos de la clínica de rehabilitación JIREH, vinculada a la conocida “Patrulla Espiritual”, un grupo que se presenta como rescatador de almas, pero que, tras recientes revelaciones, ha demostrado actuar al margen de la ley y de la moral. Este grupo, liderado por Jesús Osuna, ha estado operando de forma cuestionable, incurriendo en múltiples abusos contra personas en situación de calle, además de realizar actividades que violan derechos humanos fundamentales.

Tras lo ocurrido es de relevancia que la sociedad debe ser consciente de estos hechos para evitar que más personas caigan en las garras de este tipo de instituciones que, lejos de ayudar, vulneran a los más necesitados.

El caso comenzó a tomar relevancia cuando varios usuarios de redes sociales denunciaron a la clínica JIREH por privación ilegal de la libertad. En un principio se acusó al grupo de capturar a personas en situación de calle sin su consentimiento, filmarlas y exponerlas públicamente, lo cual representa una clara violación a su dignidad humana, siendo no sólo es éticamente reprochable, sino también ilegal.

Lo que comenzó como una simple sospecha sobre las actividades de la Patrulla Espiritual fue confirmado por recientes informes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPCM), que revelaron que este grupo utilizaba vehículos con rótulos, sirenas y estrobos destinados exclusivamente a las fuerzas de seguridad pública. Este comportamiento constituye una violación al artículo 250 bis, fracción IV del Código Penal, que tipifica como delito el uso indebido de balizaje en vehículos, ya sea original, falsificado o con apariencia similar al de las instituciones de seguridad.

La pena para este delito varía entre cinco a doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. Este delito de usurpación de funciones no solo agrava las irregularidades cometidas por la organización, sino que pone en evidencia la gravedad de las acciones de un grupo que, bajo la fachada de una clínica de rehabilitación y ayuda humanitaria, incurre en prácticas ilegales y peligrosas.

A lo largo de los últimos días, la situación escaló con un hecho de violencia ocurrido el 16 de enero, cuando un grupo de internos de JIREH, vestidos con insignias de la Patrulla Espiritual, golpearon a una persona en plena vía pública. Este acto de agresión, que se califica como un robo con violencia, debería ser investigado a fondo por la Fiscalía, ya que involucra a un grupo que se escuda en su supuesta misión religiosa para cometer delitos.

Por su parte, el líder de la organización, Jesús Osuna, conocido como “Chikilin” salió rápidamente a través de sus redes sociales para pedir “disculpas” por el incidente, justificando que no se encontraba en el lugar de los hechos y defendiendo la misión de su grupo, que, según él, consiste en “salvar almas”. Sin embargo, esta disculpa parece más un intento de evadir la responsabilidad que un acto genuino de arrepentimiento.

Lo que resulta aún más alarmante son los testimonios de exinternos de la clínica, quienes han denunciado malos tratos dentro de sus instalaciones. “Si repudias ese comportamiento, ¿te acuerdas cuando me pegaste una cintariza unos chicotazos?”, fue uno de los comentarios que hizo eco en las redes sociales, señalando el abuso físico al que fueron sometidos durante su estancia en el centro de rehabilitación.

La denuncia contra la clínica JIREH no es un caso aislado. En las últimas semanas, varios exinternos y personas que fueron testigos de los hechos han comenzado a compartir sus testimonios sobre la violencia y los abusos a los que fueron sometidos en nombre de una supuesta rehabilitación. Los relatos apuntan a prácticas inhumanas, como golpes y tratos humillantes, lo que pone en evidencia la verdadera naturaleza de este lugar, que, lejos de ser un centro de apoyo, parece operar como una fachada para el lucro y el control de personas vulnerables.

La comunidad no debe seguir tolerando que grupos como la Patrulla Espiritual continúen operando sin rendir cuentas ante la sociedad ni ante las autoridades. Este tipo de organizaciones que se camuflan bajo el manto de la religión y la ayuda social deben ser fiscalizadas y controladas, ya que en su mayoría lo único que generan es más sufrimiento y explotación.

Lo sucedido con la Patrulla Espiritual y la clínica JIREH es un claro recordatorio de la necesidad urgente de regular las instituciones que operan en el ámbito de la rehabilitación y el apoyo social. No basta con que estos grupos se presenten como benefactores para que la sociedad cierre los ojos a sus malas prácticas. Es imperativo que las autoridades tomen cartas en el asunto, la ley debe actuar con firmeza para garantizar que quienes se creen por encima de ella, como en este caso, enfrenten las consecuencias de sus actos.