La senadora morenista justificó la desaparición de organismos autónomos, argumentando que no beneficiaron al país y promovieron intereses privados sobre los recursos estatales.

Por Fernanda Cecilia / NDT – Noticias

La senadora Julieta Ramírez Padilla justificó la eliminación de organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), señalando que estas instituciones no han generado beneficios para el país y responden a una visión distinta del modelo estatal. 

“La existencia de organismos autónomos a diestra y siniestra ha respondido a cuotas de cuates y ha terminado por servir a intereses privados, ni siquiera al propio Estado”, aseguró la legisladora federal por Morena.

Ramírez Padilla rechazó las críticas que señalan que el nuevo modelo podría convertir al Estado en juez y parte al momento de responder solicitudes de información ciudadana. Argumentó que los mayores casos de corrupción han sido expuestos por la Auditoría Superior de la Federación, mientras que el INAI, dijo, ha reservado información crucial en casos como Odebrecht y Ayotzinapa. 

“Si el Estado no quiere garantizar una información o no la proporciona correctamente, un juez debería obligarlo a hacerlo. Este modelo me parece más útil y fortalece la intervención del poder judicial”, afirmó.

La senadora destacó que el modelo anterior permitía la creación de organismos autónomos que, en ocasiones, acumulaban más poder que las instituciones del Estado. Como ejemplo, mencionó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la cual, según dijo, llegó a tener más influencia que la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

En su análisis, Ramírez Padilla sostuvo que estos organismos autónomos promovían la privatización de instituciones clave, despojando al Estado de control sobre sectores estratégicos. Subrayó que las decisiones tomadas por estos entes beneficiaron más a empresas privadas que a las empresas estatales mexicanas.

Finalmente, la legisladora defendió el nuevo modelo como una forma de fortalecer el papel del Estado Mexicano en la protección de los recursos y derechos ciudadanos. Propuso que el poder judicial sea quien garantice el acceso a la información, eliminando la dependencia de organismos externos que, según afirmó, no siempre fueron efectivos o imparciales.