Desde entonces, el caso ha tenido pocos avances, con incluso solicitudes de información básica tardando meses

El Gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para acusar a funcionarios por supuestos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, pero se está rehusando a presentar cargos porque podrí­an perjudicar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) previo a las elecciones presidenciales, según lo revelaron tres personas con conocimiento directo del caso al diario estadounidense The New York Times.

‘Los casos penales yacen atrapados en un limbo legal común para las investigaciones polí­ticamente delicadas en México, donde la corrupción sigue siendo uno de los mayores impedimentos al incipiente estado de derecho del Paí­s.’, indicó el NYT, que publicó la información en su versión impresa.

En la nota firmada por Azam Ahmed, jefe de corresponsales del rotativo en México, se recuerdan algunos de los escándalos emblemáticos del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, entre ellos, la ‘casa blanca’, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Además del uso de herramientas sofisticadas de espionaje, como el software israelí­ Pegasus, comprado por el Gobierno para monitorear a periodistas y abogados de derechos humanos; y acusaciones de que altos funcionarios, entre ellos Alejandro Gutiérrez Gutiérrez -ez secretario general adjunto del PRI- desviaron fondos públicos para pagar campañas electorales de dicho partido.

‘La falta de avances en el caso Odebrecht ha sido un punto sensible en México desde finales del 2016, cuando, en un arreglo extrajudicial de miles de millones de dólares, la compañí­a reveló a autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil que habí­a pagado 10.5 millones de dólares en sobornos a funcionarios mexicanos’, señaló el NYT.

Aunque no los cita por su nombre, el medio estadounidense recordó que una de las investigaciones mexicanas, iniciada por Santiago Nieto Castillo, ex titular de laLa Fiscalí­a Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) identificó a un ‘allegado cercano’ a Peña Nieto como sospechoso: Alejandro Gutiérrez. Sin embargo, la investigación apenas iba iniciando cuando el entonces fiscal fue despedido por el Gobierno, en octubre, narró el rotativo.

‘Desde entonces, el caso ha tenido pocos avances, con incluso solicitudes de información básica tardando meses, de acuerdo con otras dos personas que han revisado los expedientes más recientes del caso’, aseguró el NYT.

Sin embargo, la investigación más fuerte en México, iniciada a principios del año pasado por la Procuradurí­a General de la República PGR), ‘acumuló evidencia suficiente hace meses para acusar a sospechosos, según tres fuentes quienes han revisado el caso o han sido informadas sobre el mismo, dijo el diario.

‘No obstante, las presiones polí­ticas son demasiado fuertes para que avance el caso, aseguran. Los sospechosos trabajaban para Petróleos Mexicanos. En su arreglo extrajudicial con otros paí­ses, Odebrecht admitió haber pagado millones de dólares en sobornos a funcionarios en la compañí­a petrolera mexicana. Y el ex Procurador Raúl Cervantes [Andrade], quien supervisó personalmente el caso estando al frente de la dependencia, incluso viajó a Brasil para hablar sobre la evidencia que las autoridades habí­an recabado allí­.’

‘La decisión de Cervantes de adoptar un papel tan activo en el caso llamó la atención de muchos dentro de la PGR y mucho más allá. Algunos esperaban que fuera una señal de que el escándalo no serí­a pasado por alto. Otros temí­an que ya que el procurador es nombrado por el Presidente, su independencia quedarí­a comprometida.’, indicó el NYT.

‘Nada ha sucedido en México, al menos no a funcionarios mexicanos, pero, la nación aplicó una sanción administrativa contra Odebrecht, prohibiéndole operar en el paí­s durante varios años. Sin embargo, ningún funcionario mexicano ha sido acusado de aceptar sobornos, y Cervantes, quien dejó el puesto en septiembre, ha dicho públicamente que habí­a concluido la investigación.’

El diario recordó, también, que desde entonces, su sucesor, Alberto Elí­as Beltrán -encargado de despacho de la PGR-, lo contradijo, afirmando que el caso está en curso, por lo que no puede dar detalles de lo que se ha encontrado.

‘En realidad, el caso fue archivado, señalaron las tres personas enteradas de la cuestión. Ya de por sí­ padeciendo múltiples escándalos de corrupción y una violencia creciente a nivel nacional, el gobernante Partido Revolucionario Institucional no puede arriesgarse a que surja otro escándalo antes de las elecciones presidenciales en julio, apuntaron las fuentes.’.

Aunque retrasar o detener los procesos también podrí­a dañar la reputación del partido en el poder, el cálculo tiene sentido, afirman varios crí­ticos: a final de cuentas, la indignación por cualquier encubrimiento podrí­a perjudicar menos al partido que poner al descubierto más corrupción en un juicio, abundó el rotativo estadounidense.

El pasado 14 de marzo, Nieto Castillo aseguró que fue despedido de su cargo en la Fepade para detener varias las investigaciones que habí­a iniciado, no solo por presuntos sobornos de Odebrecht al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, sino también en supuestos casos de financiación ilegal de elecciones estatales por parte del PRI.

Santiago Nieto afirmó en una entrevista al diario The Wall Street Journal, que poco antes de su despido de la Fepade, habí­a solicitado información bancaria de varios paraí­sos fiscales, además de declaraciones juradas y otra documentación de las autoridades brasileñas, como parte de su esfuerzo para decidir si existí­an motivos para presentar cargos contra Lozoya Austin.

El ex titular de la Fepade fue destituido de su cargo el 25 de octubre del año pasado, por el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elí­as Beltrán, por supuestamente ‘violar’ el código de ética de la institución, así­ como ‘violentar la reserva estricta que establece la Constitución y el Código Penal’ en materia de investigaciones.

Existen declaraciones bajo juramento de varios altos ex funcionarios de Odebrecht ante los fiscales brasileños, testimonios en los que que aseguran la constructora pagó 10.5 millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya para obtener contratos de obra pública, de los cuales 4 mdd se entregaron en el 2012, año en que Peña Nieto fue elegido presidente.

El resto del dinero supuestamente fluyó a Lozoya después de que se convirtiera en jefe de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos en diciembre de 2012, dijeron los ex funcionarios de Odebrecht, constructora que ganó contratos con Pemex por valor de al menos 1.5 mil millones de dólares durante su dirección , que finalizó en 2016, lo que el ex funcionario federal ha negado.

La PGR afirmó que Nieto Castillo fue despedido por divulgar ilegalmente detalles de una investigación activa. El ex fiscal dio una entrevista con el diario Reforma, dí­as antes de que fuera despedido, asegurando que Lozoya Austin lo presionó para que supuestamente lo declarara públicamente inocente, por los señalamientos de presuntos sobornos. Sin embargo, el ex director de Pemex mostró una carta, en la que simplemente habí­a pedido que lo llamaran para testificar.

Según el NYT, la investigación de la PGR ha confirmado en gran medida lo que ya se conoce: que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore para garantizar contratos de infraestructura.

‘Sin embargo, los investigadores mexicanos no extendieron considerablemente su pesquisa para buscar contratos o pagos que podrí­an haber pasado desapercibidos a las autoridades brasileñas, de acuerdo con las fuentes con conocimiento del caso.’

‘Los fiscales mexicanos podrí­an tener un caso todaví­a más sólido, con más evidencia de las autoridades brasileñas, de acuerdo con personas familiarizadas con el caso. Pero a diferencia de la mayorí­a de las naciones afectadas por el escándalo, México rechazó la petición de Brasil de no procesar a Odebrecht o a sus ejecutivos, lo que potencialmente atemorizó a testigos y evitó que rindieran testimonio completo, dijeron las personas.’, abundó el rotativo.

‘También podrí­a haber más sobornos de los que se reconoció en un principio. Documentos y registros de transferencias bancarias dados a conocer en los medios mexicanos sugieren que los sobornos pagados a funcionarios mexicanos podrí­an haber alcanzado los 16 millones de dólares, una cifra mucho mayor de lo que estipuló la compañí­a en su testimonio para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.’, aseveró el NYT.

‘México está el dí­a de hoy en medio de una intensa campaña presidencial. Esta es la oportunidad del Gobierno de Peña Nieto para mostrar que nadie está por encima de la ley’, dijo el Senador Patrick J. Leahy, demócrata por Vermont, quien desde hace mucho tiempo ha criticado el sistema judicial mexicano, finalizó el diario su nota.