• Apolinar Fernández Álvarez, delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana y consejero estatal de Morena, no solo estaría defraudando a una familia, sino que también podría perder la confianza de los militantes de Morena que le dieron su voto para que los representara como su consejero en la toma de decisiones en el estado.

Por Rodrigo Medeles Ruiz.

 El delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana (RPPC) Apolinar Fernández Álvarez, podría ser denunciado en los próximos días ante la estancia de delitos patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE) por la adjudicación indebida de 300 m2 que son parte de un predio de 943, ubicado en la zona Este.

 De acuerdo con los datos entregados en entrevista a NDT Noticias de Tijuana, Fernández Álvarez ya como delegado del RPPC ofreció un supuesto apoyo incondicional a una madre y su hijo para realizar trámites y pagos correspondientes a la inscripción de la propiedad que en juicio sucesorio intestamentario que obtuvieron a su favor bajo el expediente 2029/2019 del Juzgado Primero Civil de Tijuana.

 Se trata del juicio promovido por Guadalupe Chaidez Guzmán el 26 de octubre del 2022 ante el citado juzgado tras el repentino fallecimiento de su cónyuge, el señor Francisco Javier Calderón García, quien al fallecer no dejó testamento alguno sobre un lote de terreno de 943 m2 del polígono D, manzana 93 de la colonia Rancho el Florido Viejo (zona cerril) de la zona este de Tijuana.

De acuerdo con el relato de la señora Chaidez, el delegado estatal se enteró del predio por Víctor Manuel Ruiz Virgen, un hombre que llegará a tener una relación sentimental con la señora Guadalupe después de la muerte de Javier Calderón. Ruiz Virgen era trabajador de Apolinar Fernández en un negocio de recicladora.

“Mi esposo trabajaba con él, cuando lo conocía, le comentó que tenía yo un terreno que mi exesposo había dejado, pero pues nosotros no teníamos dinero para hacer trámites el predio estaba solo y me dijo que me iba ayudar de buena fe, porque en Veracruz el ayudaba a mucha gente y que aquí­ ha ayudado a mucha gente”, dijo la señora Guzmán en referencia al apoyo que le brindó el funcionario estatal.

Tras el juicio intestamentario promovido por la señora Guadalupe Chaidez, un juez falló a favor de los herederos de Francisco Javier Calderón García, siendo estos la seora Guzmán y su hijo de nombre José Carlos Calderón Guzmán los que en proyecto de participación les fue entregado en copropiedad en partes iguales el 50% los 943 m2 del total del terreno.

Ya en poder del juicio y con la intención de apoyar de buena fe, Fernández Álvarez es acusado de tomar por cuenta propia el realizar pagos de toda tramitología necesaria para llevar a cabo la inscripción de la propiedad en cuestión ante la oficina a su cargo; el Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana (Rppc) para quedarse con ella, pues no solo está la situación de que ya se apropia de los 300 m2 de terreno, sino que además ya tiene gente viviendo en el predio.

Ya inscrita la propiedad ante el RPPC, Apolinar Fernández, contrata los servicios de la Notaria Publica No. 2, a cargo de Lic. Gabriel Moreno Mafud, para que este a su vez, emplazara a Juan Carlos Calderón Guzmán y en un lapso de 5 años iniciara con el otorgamiento y firma, a fin de elevar a categoría de escritura pública un contrato de compraventa que menciona haber celebrado con Calderón Guzmán por 300 m2 con valor de 75 mil pesos. Dicho emplazamiento fue enviado con la clave catastral EV-093-058, algo que, en la búsqueda de registros en Catastro Municipal, arroja inexistencia por estar mal escrita por error o dolo, siendo la FV-093-058 la legitima clave que aparece en el juicio.

De comprobarse plenamente esta acción, Apolinar Fernández, estará incurriendo en ejercicio indebido como servidor público, ya que de acuerdo con el Código Penal Federal en su ARTICULO 214 FRACCIÓN IV, se comete el delito de servicio indebido de servicio público, el servidor público que:  Por si­ o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión.

Además, no se debe de olvidar que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California cita en su artículo 7 fracción II, que: Los servidores públicos deben conducirse con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización”.

El delegado del Registro Público no solo estará defraudando a la familia afectada, sino que también puede perder la confianza de los militantes de Morena que le dieron su voto para que los representara como su consejero en la toma de decisiones que lleva a cabo dicho partido político en el estado; esto sin dejar pasar que el distrito donde fue elegido Apolinar Fernández es aquel donde ahora lo acusan de apropiarse de una fracción de un terreno que no le pertenece.

NDT Noticias de Tijuana contactó a la oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Tijuana para entablar una entrevista con Apolinar Fernández Álvarez, a fin de conocer su postura sobre las acusaciones antes narradas sobre su persona. La respuesta que recibió el medio de comunicación fue que “el delegado Apolinar estaba ocupado”.

 La familia ha solicitado la intervención de la ejecutiva estatal del Gobierno de Baja California para que desde su investidura le garantice una solución a la problemática, expresan que, si bien aceptaron la ayuda del delegado del RPPC en Tijuana, jamás se imaginaron que les cobrarán de una manera burda y engañosa que al final les arrebatara el patrimonio que su difunto esposo les deja.