La reforma busca proteger el derecho a la salud al sancionar actividades relacionadas con vapeadores, sustancias tóxicas y el fentanilo. La diputada Daylín García Ruvalcaba fue la única en votar en contra.

En una sesión extraordinaria del Congreso de Baja California, se aprobó con 24 votos a favor y uno en contra la prohibición de actividades relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y sustancias como el fentanilo. La única disidencia provino de la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylín García Ruvalcaba. La reforma estatal se deriva de una homologación con la reciente modificación aprobada en el Senado de la República para proteger el derecho a la salud.

La reforma incluye la adición de un párrafo al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo sanciones para la producción, distribución y venta de sustancias tóxicas, precursores químicos, y el uso ilícito de drogas sintéticas como el fentanilo. Asimismo, el artículo quinto prohíbe cualquier actividad profesional, comercial o industrial relacionada con estas sustancias.

Daylín García Ruvalcaba argumentó que las políticas prohibicionistas no han resuelto históricamente los problemas relacionados con el consumo de sustancias en México. La diputada señaló que estas medidas fomentan el crecimiento del mercado negro y el control de sustancias por parte de grupos de la delincuencia organizada, mientras que no hay suficiente regulación gubernamental para mitigar estos efectos.

Por su parte, el diputado del PVEM, Jorge Ramos Hernández, votó a favor, aunque destacó la necesidad de políticas públicas más orientadas a la regulación que a la prohibición. Señaló que la reforma incluye aspectos cruciales, como el combate al uso ilícito del fentanilo, una sustancia que ha generado una crisis global por su alta mortalidad. Sin embargo, consideró que el enfoque general de la reforma podría generar resultados contraproducentes.

Desde una postura crítica, el diputado panista Juan Diego Echevarría Ibarra calificó como absurda la idea de que una reforma constitucional pueda frenar el tráfico de fentanilo. Según él, el problema radica en la falta de controles efectivos en las aduanas mexicanas, mientras el presupuesto para salud ha sido reducido en los últimos años, afectando directamente el acceso a este derecho fundamental.

El debate también incluyó testimonios personales, como el del diputado morenista Jaime Eduardo Cantón Rocha, quien admitió su adicción al vapeo y reflexionó sobre los daños a la salud relacionados con el tabaquismo. Por su parte, Juan Manuel Molina García compartió una experiencia familiar relacionada con el cáncer de pulmón, destacando la importancia de estas reformas desde una perspectiva de salud pública.

Con esta decisión, el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tendrán un plazo de 180 días para armonizar las leyes locales con las disposiciones de la reforma. La implementación será crucial para definir si estas medidas logran los objetivos planteados de protección a la salud y combate al uso ilícito de sustancias.