La reforma constitucional obtuvo 21 votos a favor de Morena y aliados, y 4 en contra de PAN y MC. La medida busca descentralizar la elección de jueces y magistrados, aunque genera preocupaciones sobre su impacto en la justicia.

El Congreso de Baja California aprobó este viernes una reforma constitucional que permite la elección de jueces y magistrados del Poder Judicial local mediante el voto popular. La medida obtuvo 21 votos a favor de Morena, PVEM, Fuerza por México, PES, PRI, PT y un diputado sin partido, mientras que cuatro legisladores, tres del PAN y una de Movimiento Ciudadano (MC), votaron en contra.

Durante la sesión, el diputado panista Juan Diego Echeverría Ibarra argumentó que la reforma profundiza el “populismo judicial” y perpetúa la influencia política en el Poder Judicial. Según Echeverría, “si se quisiera mejorar la condición de las personas frente a la justicia, se debió proceder a la modificación de componentes como las policías, los servicios periciales, los ministerios públicos y el cumplimiento de sentencias”.

En contraste, el diputado morenista Jaime Eduardo Cantón Rocha defendió la iniciativa como un paso hacia la democratización del sistema judicial. “Lo que estamos haciendo el día de hoy no es centralizar, sino descentralizar. Ahora la decisión le corresponde a la gente, eso es democracia, eso es poder para la gente”, afirmó Cantón.

Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano, Daylin García Ruvalcaba, calificó la reforma como un error similar al cometido a nivel nacional con la reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Podemos garantizar modificaciones que realmente reformen la estructura del Poder Judicial, sin repetir los errores nacionales”, puntualizó García.

La discusión, que se extendió por poco más de una hora, reflejó las divisiones ideológicas entre los legisladores. Morena y sus aliados se alinearon con la reforma Judicial promovida desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, consolidando una mayor participación ciudadana en el nombramiento de jueces.

Esta aprobación representa un cambio significativo en el sistema judicial de Baja California, pero también plantea interrogantes sobre su implementación y posibles repercusiones en la independencia judicial y la calidad de los servicios de justicia en el estado.