Con el respaldo de su gabinete el alcalde afirmó que el XXV Ayuntamiento de Tijuana mantiene finanzas sanas y sin deudas, tras una transición cuestionada con la anterior administración.

La exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, anunció en enero de 2024 la liquidación de una deuda pública histórica de 2 mil 290 millones de pesos, heredada de administraciones anteriores, logro que presuntamente fue posible gracias a una gestión financiera responsable y a una mayor recaudación de impuestos municipales.

Sin embargo, la administración de Caballero enfrentó más de 70 denuncias por presuntas irregularidades, según informó la síndica procuradora Teresita Balderas Beltrán, denuncias que generaron dudas sobre la transparencia en el manejo de los recursos durante su gestión.

A pesar de estas controversias, el actual alcalde, Ismael Burgueño Ruiz, ha confirmado que el XXV Ayuntamiento de Tijuana no tiene deudas pendientes, con el apoyo del tesorero municipal, Víctor Ramos, el edil destacó que las cuentas municipales están al día lo que permite continuar con proyectos en beneficio de la comunidad. 

Cabe resaltar que tras el informe de la síndica procuradora, Teresita Balderas donde fueron señaladas las múltiples denuncias a la administración pasada, no se ha proporcionado información adicional sobre el avance de estas investigaciones.

No obstante, se ha hecho énfasis en que se revisará que todas las quejas e irregularidades se atiendan con el debido proceso, incluyendo aquellas contra policías municipales y servidores públicos, reiterando su compromiso con la rendición de cuentas en la gestión pública.

La relación entre las administraciones de Montserrat Caballero y la actual, liderada por Ismael Burgueño, ha sido marcada por tensiones y críticas mutuas. Desde el inicio de su mandato, Burgueño señaló que no se haría responsable de los presuntos malos manejos de la gestión anterior, generando una ruptura evidente entre ambas administraciones.

 Esta postura ha sido reforzada por declaraciones constantes sobre la necesidad de revisar a fondo las acciones pasadas para garantizar transparencia. Conductas que han generado una percepción pública de conflicto y desconfianza, lo que ha complicado la transición y fortalecido la demanda ciudadana de mayor claridad sobre los procesos en curso.