Ordena juez frenar megaobra en por pleito entre inversionistas
PLAYAS DE ROSARITO.- El proyecto bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) para construir lo que será la desalinizadora más grande de Latinoamérica en Playas de Rosarito está envuelto en litigios y controversias, incluso entre inversionistas, lo que derivó en un embargo precautorio.
En tanto, el Gobierno de Baja California guarda silencio.
El proyecto que forma parte de acciones para enfrentar la escasez de agua en la entidad fue adjudicado en 2016 al consorcio integrado por NSC Agua, Nuwater y Degremont con un costo de más 70 mil millones de pesos a pagar en 37 años.
No obstante, el pasado 31 de enero, el Juzgado Décimo Civil de Tijuana, especializado en materia mercantil, decretó un embargo precautorio del inmueble, así como la suspensión de toda actividad comercial de Aguas de Rosarito, empresa que fue constituida por los ganadores del contrato.
Se trata de una medida preventiva en tanto se desahoga un litigio entre accionistas de la empresa que ha invertido 52 millones de dólares.
Pese al embargo precautorio, el pasado 23 de marzo, el Gobernador Francisco Vega colocó la primera piedra en un acto simbólico, porque hasta el 4 de abril la empresa ganadora de la licitación ni siquiera había tramitado la licencia de construcción para la obra, confirmó José Miguel Angulo Sánchez, encargado de Despacho de Desarrollo Urbano en Playas de Rosarito.
‘Se expidió una opinión técnica en agosto del 2010, que es el primer paso para saber qué necesitan para el siguiente procedimiento, pero no se ha solicitado la licencia de uso de suelo ni licencia de construcción para un predio de aproximadamente 20 hectáreas en la colonia Lienzo Charro (donde estará la obra)’, dijo.
El embargo precautorio se debe a una demanda en Tijuana promovida este año por el ciudadano estadounidense Gough Thompson, socio de EWG Water, participante del proyecto de la desalinizadora desde un inicio y quien alega afectación por una ‘pulverización’ del capital social.
Por su parte, Milton Rubio Díaz, director de Aguas de Rosarito, aseguró que no han sido notificados sobre el embargo precautorio.
‘Hemos invertido 52 millones de dólares, y estamos pidiendo más dinero de nuevos socios para llegar a completar la cifra que se requiere (para la obra)’, refirió.
Al salir de un evento con trabajadores del estado en Tijuana, el Gobernador Francisco Vega evitó hablar sobre las demandas contra el proyecto de la desalinizadora.
‘Es un tema del cual no tengo mucha información porque es un tema entre particulares’, aseveró.
‘Pongo una primera piedra cuando la empresa me dice que está lista, y la pongo’.
Por otra parte, indígenas de Baja California interpusieron en diciembre del 2017 un recurso jurídico para solicitar la protección de la justicia federal en contra de proyectos de Asociación Público Privada, las cuales también están bajo la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde enero de este año.
Fuente: Reforma
