Organizaciones civiles y religiosas buscan facilitar la reintegración laboral de deportados y registrar abusos contra migrantes, en medio de la incertidumbre por las políticas migratorias de Donald Trump en 2025.

Por Fernanda Cecilia / NDT – Noticias

Ante las posibles deportaciones masivas anunciadas por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, 28 albergues de migrantes de la zona norte de México, muchos de ellos operados por la Iglesia Católica, se han reunido en Nuevo León para coordinar acciones. 

Según Luis Eduardo Zavala, director de Casa Monarca en Monterrey, estas organizaciones buscan prepararse para recibir a los deportados, facilitar su reintegración laboral y denunciar abusos cometidos contra migrantes en ambos lados de la frontera.  

Zavala explicó que los albergues están replanteando su enfoque, tomando como referencia la experiencia de Tijuana hace décadas, cuando comenzó a recibir deportados. Una de las metas principales es conectar a los deportados con empleadores locales, particularmente en estados industriales como Nuevo León, que enfrenta un déficit de más de 15,000 trabajadores en cadenas de suministro.

 “Todos los días vienen aquí empleadores”, comentó Zavala, subrayando el potencial de esta región para ofrecer oportunidades inmediatas a quienes sean deportados.  

Otro aspecto clave de la estrategia es la creación de una base de datos de abusos contra migrantes, en colaboración con la organización estadounidense Immigrant Hope. Esta herramienta permitiría exigir mejores mecanismos legales para la protección de esta población vulnerable. Sin embargo, Zavala expresó su preocupación por la falta de claridad en los planes del gobierno mexicano y el nivel de apoyo que ofrecerán los consulados en Estados Unidos.  

El panorama es incierto, ya que no se sabe si las deportaciones incluirán únicamente a mexicanos o también a migrantes de otras nacionalidades. A pesar de ello, los albergues recalcan la necesidad de reorganizarse y canalizar recursos de manera eficiente. 

En el comunicado final del encuentro, los albergues instaron al gobierno mexicano a aumentar el apoyo financiero, promover programas de regularización y estancia legal, y garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Estos esfuerzos buscan no solo asistir a los deportados, sino también presionar para que México cumpla con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.