Estas multas además de arbitrarias son inquisidoras, pues se establece que, si el comerciante prevenido con un citatorio tarda más de 15 días en resolver la tramitología ante CESPT de trampa de grasa, la multa por la medida de 100 UMAS se cargará sin mayor explicación y automáticamente a su recibo de agua.

Tijuana BC. — Sin lugar a dudas las prácticas gansteriles de Manuel García Soto, dueño de ROMAFAM S.A. de C.V., empresa conocida como Fisamex, prevalecieron en la administración que actualmente encabeza Jesús García Castro, al frente de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT).

Lo dicho se refuerza por el descontento miles de comerciantes que durante las últimas semanas han manifestado ser víctimas de multas arbitrarias por supuestas irregularidades al no contar con una trampa de grasa, tal como lo hizo la empresa Fisamex durante la administración encabezada por Jaime Bonilla.

Los comerciantes recuerdan de esa administración los abusos por cobros inventados, y ahora, los funcionarios involucrados acumulan múltiples denuncias ante la secretaría de Honestidad Estatal por las multas firmadas por el Sub director Comercial de la CESPT Marco Antonio Barraza Diarte.

Estas multas además de arbitrarias son inquisidoras, pues se establece que, si el comerciante prevenido con un citatorio tarda más de 15 días en resolver la tramitología ante CESPT de trampa de grasa, la multa por la medida de 100 UMAS se cargará sin mayor explicación y automáticamente a su recibo de agua.

Se conoce que son más de 3 mil comercios los que han recibido el aviso de sanción, entre los que extrañamente destacan consultorios médicos, abarrotes, estéticas, modistas, guarderías entre otras que serán multadas con montos superiores a los 10,000 pesos más los cobros que se generan al momento de hacer la inscripción al programa atrapa la grasa.

“Mi negocio es una pequeña cafetería aquí en Rosarito, ya tengo muchos años con mi localito, nunca hemos servido comida y me llegaron para pedirme la trampa de grasa, fui a revisar a la CESPT y me están queriendo cobrar más de $15,000 pesos lo que se me hace completamente injusto” comentó Alberto uno de tantos afectados por la CESPT.

Al inicio de la administración actual la gobernadora Marina del Pilar criticó duramente las prácticas de FISAMEX y decidió dar por terminado su contrato, sin embargo, actualmente la CESPT recurre a las mismas prácticas intimidatorias de inventar cobros y aplicar multas ilegales a los comerciantes de Tijuana y Rosarito.